Casi tres de cada cuatro personas mayores de 60 años viven en una situación de baja inclusión digital. No es un problema de edad ni de capacidad: es un sistema diseñado sin contar con ellas. La buena noticia es que la brecha se está cerrando —y que sabemos cómo acelerarlo si lo público y lo privado reman en la misma dirección.
Una mujer de 78 años entra en la sucursal de siempre y encuentra una máquina donde antes había una persona. Una jubilada mira el SMS de su banco sin saber si es real o el principio de una estafa. Un abuelo querría ver a sus nietos por videollamada, pero no se atreve a tocar la pantalla. No son anécdotas: son el rostro cotidiano de una de las desigualdades más silenciosas de la España de 2026. Y, a diferencia de otras, esta tiene una solución conocida.
Carlos, 78 años, y el día que España tuvo que escuchar
En enero de 2022, un médico jubilado de Valencia llamado Carlos San Juan lanzó una recogida de firmas con tres palabras: «Soy mayor, no idiota». Reclamaba algo elemental: que los bancos atendieran de forma humana a quienes no se manejan con las máquinas. Su petición superó las 600.000 firmas, llegó hasta el Banco de España y forzó al sector financiero a firmar aquel mismo año un protocolo de atención a las personas mayores.
Lo que aquella campaña destapó sigue vigente cuatro años después: la digitalización de servicios esenciales corre más deprisa que la capacidad del sistema para no dejar a nadie atrás. La banca, la administración, la sanidad y el comercio han trasladado a una pantalla gestiones que antes se hacían cara a cara. Para millones de personas, eso ha significado pasar de clientas de pleno derecho a usuarias que dependen de un hijo, un nieto o una vecina.
Una brecha que no es la que imaginamos
El dato más citado es contundente: el 72,8 % de las personas mayores de 60 años presenta una baja inclusión digital, según el estudio de la Fundación Ferrer i Guàrdia. Pero conviene leerlo con precisión, porque el relato catastrofista es tan injusto como falso. La brecha se está cerrando: según el Barómetro del Consumidor Sénior de Fundación MAPFRE y Google, más del 80 % de las personas mayores de 55 años ya está conectado y cada año hay alrededor de un millón más de personas mayores digitales.
El matiz es decisivo para acertar con la solución. La brecha no es solo de acceso —tener móvil o conexión—, sino de uso y de aprovechamiento. Y por debajo hay un factor que rara vez se nombra: el edadismo. Un 24 % de la población cree que las personas mayores «no pueden aprender» tecnología, y un 31 % de ellas lo ha interiorizado y se da por vencido. A eso se suma el miedo: un 57 % siente inseguridad al interactuar con la tecnología.
La brecha no es un destino biológico: es el resultado de un sistema diseñado sin contar con ellas. Y lo que se diseña se puede rediseñar.
El precio de quedarse fuera
Las consecuencias no son abstractas. La más visible es la exclusión financiera territorial: a cierre de 2024, 2.638 municipios —el 32,4 % del total— seguían sin acceso presencial a servicios bancarios, según el Banco de España. El cierre masivo de oficinas dejó lejos, y a veces sin alternativa, a la clientela que más confianza tenía depositada en su entidad.
La segunda es el fraude. Las personas mayores que viven solas se han convertido en el blanco preferido de redes especializadas en el llamado «vishing»: llamadas en las que un falso empleado del banco manipula a la víctima hasta vaciarle la cuenta. En 2024, una operación conjunta de Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y la policía judicial portuguesa desarticuló una red de 54 personas que había estafado en torno a 2,5 millones de euros a 84 personas mayores.
Y la tercera, la más profunda, es la soledad. Cerca de dos millones de personas mayores viven solas en España —en torno al 72 % son mujeres—, y para muchas la salida diaria a la oficina, al súper o al centro comercial es el principal plan social del día. Cuando lo digital sustituye a lo presencial sin acompañamiento, no se pierde solo un servicio: se pierde un vínculo. La exclusión digital acaba convirtiéndose en exclusión social.
Un derecho, no un privilegio
La conexión y la atención no son un servicio opcional que el mercado ofrece a quien puede pagarlo o entenderlo: son una condición de ciudadanía. Si los trámites con la administración, la cita médica, la pensión y la banca migran a una pantalla, quien no la maneja no pierde una comodidad: pierde derechos. El riesgo es una ciudadanía de dos velocidades, partida por una línea que nadie eligió cruzar.
De ahí se desprende un deber público de garantía: que el canal digital no sea nunca el único, que exista siempre una alternativa presencial accesible y que se invierta en capacitar a quien se ha quedado atrás. «No dejar a nadie atrás» —el principio que vertebra la Agenda 2030 y el ODS 10— no es retórica de folleto: es una obligación que recae, antes que en nadie, sobre lo público.
Pero reconocer ese deber obliga a reconocer también un límite. El Estado, solo, no llega. No tiene una oficina abierta cada martes por la mañana en cada barrio y en cada pueblo. Admitir esto no es renunciar a lo público: es la condición para hacerlo eficaz.
El sector privado no sustituye al Estado. Complementa su alcance allí donde la administración no llega cada martes por la mañana.
Por qué lo público necesita a lo privado (y al revés)
La colaboración público-privada no es, en este terreno, una concesión ideológica: es la arquitectura más realista para resolver el problema. Porque cerrar la brecha exige tres activos que ningún actor reúne por sí solo.
- Legitimidad
- Financiación estable
- Marco normativo que exige calidad
- Red de proximidad
- Miles de puntos físicos
- Incentivo reputacional para co-financiar
- Método contrastado
- Personas educadoras especializadas
- Medición independiente
Conecta Mayores: anatomía de una alianza valenciana
Un ejemplo concreto, nacido en la Comunitat Valenciana, ilustra cómo puede aterrizar este modelo. El programa Conecta Mayores invierte el reparto de esfuerzos habitual. Una entidad privada —un banco, una cadena de supermercados, un centro comercial— «apadrina» el programa: pone un espacio y la firma institucional. Las personas educadoras, los materiales, la comunicación y la medición los aporta la alianza Gesmed-Imedes. El contenido es un ciclo de ocho talleres presenciales.
La metodología no es improvisada: se apoya en Mobile Money, un proyecto Erasmus+ de educación de adultos en el que Gesmed es la socia española junto a entidades de Francia, Grecia, Rumanía y Eslovenia. El programa deja además una plataforma abierta y gratuita para seguir practicando, y mide su impacto con encuestas de entrada y salida mapeadas a los ODS 10 y 11.
Lo relevante para el debate de fondo no es el programa en sí, sino lo que demuestra: que el acompañamiento humano, co-financiado por el sector privado y avalado por un tercero independiente, es replicable y medible. El sector privado no ocupa el lugar del Estado; extiende su alcance hasta el martes por la mañana de un barrio concreto.
Conecta Mayores es una iniciativa de la Fundación Gesmed —que gestiona residencias y centros de día y trabaja en envejecimiento activo— y de Imedes, consultora de comunicación ambiental y social surgida como spin-off de la Universitat de València en 1995. Se recoge aquí como caso de estudio del modelo público-privado, no como recomendación comercial.
Cinco líneas de acción
De la denuncia a la solución, el problema admite una hoja de ruta razonablemente clara. Estas son cinco palancas que combinan responsabilidad pública, alcance privado y método:
Lo que no se descarga
La brecha digital de las personas mayores no es una fatalidad de la edad: es una desigualdad evitable. Cerrarla es, a la vez, una cuestión de justicia —que nadie pierda derechos por no saber tocar una pantalla— y de inteligencia colectiva —aprovechar la red privada y el método del tercer sector para llegar donde lo público no alcanza solo—.
La pregunta, en definitiva, ya no es si el problema existe. Es quién va a demostrar, con hechos y con datos, que de verdad cuida a sus mayores. Y la respuesta, cada vez más, tendrá forma de alianza.
Fuentes y nota metodológica. Inclusión digital: Fundación Ferrer i Guàrdia, «Estudio sobre las brechas digitales en las personas mayores» y Encuesta de Brecha Digital 2025. Tendencia de cierre: VI Barómetro del Consumidor Sénior, Centro Ageingnomics de Fundación MAPFRE con Google (2025). Exclusión financiera: Banco de España, «La inclusión financiera en España 2025» (datos a cierre de 2024). Soledad: INE (hogares unipersonales de 65 o más años). Campaña «Soy mayor, no idiota»: hemeroteca de prensa nacional, 2022. Marco Mobile Money / Erasmus+: información facilitada por la Fundación Gesmed.
